La adopción del texto de la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia (CIAJ), aprobada en la XXIV Asamblea Plenaria de la COMJIB celebrada en Ciudad de Panamá, constituye un hito histórico de proyección global. Por primera vez en el plano internacional, un instrumento vinculante consagra y define el acceso a la justicia como un derecho humano autónomo, dotándolo de contenido propio y de obligaciones exigibles para los Estados parte.
Un proceso participativo y plural
La Convención es el resultado de un proceso iniciado en 2021 con el decisivo apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. Impulsado y dirigido por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) ha contado -junto con la SEGIB- con la participación activa de las principales instancias del sector justicia iberoamericano: la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
A esta arquitectura institucional se han sumado aportes provenientes del mundo académico y de los altos tribunales de derechos humanos de los sistemas europeo e interamericano —en particular el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, así como de las organizaciones de la sociedad civil iberoamericana, cuya participación activa ha enriquecido el texto y reforzado su legitimidad democrática.
De las Reglas de Brasilia a un convenio vinculante
El recorrido encuentra antecedentes en las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, aprobadas en su día por la Cumbre Judicial Iberoamericana. La CIAJ profundiza y concreta aquellas recomendaciones, transformándolas en obligaciones jurídicamente exigibles que permitirán mejorar el acceso a la justicia de la población en general y, muy especialmente, de los grupos en condición de vulnerabilidad.
Un instrumento para los desafíos del siglo XXI
La Convención incorpora, asimismo, los importantes desarrollos conceptuales que en los últimos años han transformado la problemática del acceso a la justicia: la incursión de las tecnologías en la administración de justicia y los nuevos paradigmas vinculados a la participación, la transparencia, la inclusión, la perspectiva de género y la legitimidad democrática del sistema judicial a través del desarrollo del paradigma de la justicia abierta.
Con su adopción, los Estados iberoamericanos cuentan ya con un convenio internacional vinculante que genera derechos exigibles para la ciudadanía y obligaciones claras para las políticas públicas, acordes con la evolución que el acceso a la justicia ha experimentado en las últimas décadas.
Una hoja de ruta para las próximas décadas
Desde la COMJIB tenemos la convicción de que la CIAJ trazará el rumbo de las políticas públicas de acceso a la justicia en el espacio iberoamericano durante las próximas décadas. Su implementación contribuirá, además, a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, cuya meta 16.3 compromete a los Estados a «promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos».
La Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia se proyecta así, más allá de la región, como una contribución original de Iberoamérica al desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
